Crisis argentina 2001

 

A partir del 2001 Argentina vivió una crisis económica, política y social de enorme envergadura y de imprevisibles consecuencias.

Ésta se originó por diversas causas, siendo las principales la aplicación de una deficiente política económica, tener un gigantesco aparato estatal (caldo de cultivo propicio para corruptelas y componendas) y una inestabilidad política que, durante décadas, han afectado al país y lo han arrastrado al caos económico en que se encontraba en ese momento.. El país soportó cinco años de recesión y carga con una deuda pública de 132.000 millones de dólares, que lo llevó a la cesación de pagos (default).

Argentina ostenta un récor nada de envidiable. Es la única nación en la historia reciente que ha pasado de ser una nación rica (en el año 1913 estaba dentro de las diez naciones más ricas del planeta) a una pobre (ocupaba el puesto 36 en el año 1998).

Cronología del estallido de la Crisis

2001

4 de marzo: Ricardo López Murphy es nombrado ministro de Economía, mientras el presidente Fernando De la Rúa asegura que se cumplirán las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reafirma el sistema de cambio fijo que desde 1991 ata el peso al dólar en paridad uno a uno.

Fernando de la Rúa

16 de marzo: El Gobierno anuncia un nuevo plan económico que prevé un recorte en el gasto público por 1.962 millones de dólares en 2001 y por 2.485 millones en 2002, para combatir un abultado déficit fiscal. Tres ministros y seis funcionarios del Frepaso presentan su dimisión.

20 de marzo: Domingo Cavallo, ex ministro de Menem, acepta la cartera de Economía, tras la dimisión de López Murphy. Nueve días después, el Congreso otorga "superpoderes" a Cavallo para restablecer la economía.

2 de abril: Argentina supera en 1.000 millones de dólares la meta de déficit fiscal para el primer trimestre, acordada en 2.100 millones.

16 de abril: El Gobierno anuncia que planea un recorte de 300 millones de dólares en el gasto para cumplir un déficit fiscal anual acordado con el FMI en 6.500 millones. Dos días después, anuncia que planea emitir bonos a dos años por un total de 760 millones de dólares.

27 de abril: El FMI dice que Argentina no debería modificar su sistema de cambio y rebaja, desde el 2%, las previsiones de crecimiento para 2001 a entre 1,0 y 1,5%.

10 de julio: Cavallo anuncia que llevará a cero el déficit público mediante recortes en el gasto.

30 de julio: El Senado aprueba un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas que superen los 500 pesos (dólares).

30 de octubre: De la Rúa advierte que la participación en una reestructuración de la deuda será "voluntaria".

16-17 de octubre: Standard & Poor's y Moody's advierten que podrían calificar a Argentina en situación de suspensión de pagos técnica si los tenedores de bonos pierden dinero en el canje de deuda voluntario planeado por el Gobierno.

Domingo Cavallo

19 de noviembre: El Gobierno inicia la masiva reestructuración de su deuda pública. El riesgo-país roza los 3.000 puntos. Dos días después, Economía decide prorrogar una semana el plazo de los tenedores locales de títulos para presentarse al canje de deuda, y unos días más tarde, retrasa de nuevo el plazo hasta el 7 de diciembre para que los inversores "minoristas" puedan participar plenamente.

3 de diciembre: El Gobierno limita a 250 dólares la cantidad semanal que podrá retirar cada ciudadano de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales, medida que se populariza con el nombre de 'corralito' financiero.

5 de diciembre: El FMI decide no conceder un préstamo de 1.260 millones de dólares ante la falta de cumplimiento de las metas fiscales de Argentina. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelan préstamos de 1.230 millones de euros. Cavallo amplía a 1.000 pesos a la semana la cantidad de efectivo que pueden sacar los argentinos y a 10.000, el máximo que pueden sacar del país. Al día siguiente, el superministro admite que el país ha entrado en una "virtual" suspensión de pagos y se traslada urgentemente a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional la concesión del préstamo. No lo consigue.

13 de diciembre: Huelga general en Argentina contra las impopulares restricciones bancarias. Al día siguiente, dimite "por motivos personales" el viceministro de Economía, Daniel Marx. Mientras, Argentina cancela los 700 millones de dólares en obligaciones y evita la suspensión de pagos. El FMI exige al Gobierno un Presupuesto 2002 "creíble" y prevé un retroceso del PIB en torno al 1,4%.

18 de diciembre: Estalla una violenta ola de saqueos a supermercados y violentas protestas. El Gobierno declara el estado de sitio. Al día siguiente, Domingo Cavallo presenta la dimisión junto con la del resto del gabinete.

20 de diciembre: De la Rúa dimite, tras un ineficaz intento de lograr un Gobierno de coalición con los peronistas. Pocas horas antes, los dos sectores de la Confederación General del Trabajo habían convocado una huelga general por tiempo indeterminado hasta lograr su renuncia. Quedan derogadas las leyes de restricción bancaria vigentes desde principios de diciembre.

23 de diciembre: Rodríguez Saá, ungido como presidente,  declara la mayor suspensión de pagos de la historia económica internacional. Este peronista es investido nuevo presidente provisional y anuncia un programa populista que no convence a los expertos, en el que promete la creación de un millón de empleos y ayudas a los más desfavorecidos.

29 de diciembre: Rodríguez Saá y su flamante gobierno presentan la dimisión ante las protestas populares generalizadas.

2002

2 de enero: El peronista Eduardo Duhalde asume la Presidencia, cargo para el que es elegido por la Asamblea Legislativa para un período de dos años. De esta manera, Duhalde cumplirá lo que resta del mandato, que concluye el 10 de diciembre de 2003.

1 de febrero: El Supremo argentino declara inconstitucional el decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que impuso, desde el 3 de diciembre, severas restricciones a la retirada del dinero de los bancos ('corralito').

3 de febrero: Forzado por la escasa confianza con que el FMI y las empresas extranjeras acogieron sus primeras medidas económicas, el Gobierno anuncia un nuevo paquete de decisiones. Entre ellas destaca la flexibilización del 'corralito', aunque no su desaparición. En concreto, a partir del 6 de febrero, los argentinos podrán acudir al banco para retirar de golpe sus salarios, así como las indemnizaciones por despido y las jubilaciones. Además, se confirma la pesificación de la economía argentina (las deudas, depósitos y contratos privados se convertirán de dólares a pesos, y la cotización de éste fluctuará libremente con respecto a la divisa estadounidense).

6 de febrero: Continúa la guerra entre poderes del Estado. A la decisión, adoptada pocos días atrás, de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el decreto del 'corralito' del ex presidente De la Rúa, responde la clase política anunciando que el Parlamento juzgará a los nueve miembros del máximo órgano judicial por sobornos y extorsión. La intención última de esta medida es que estos magistrados abandonen su cargo. El procedimiento establece que la decisión no se podrá producir hasta dentro de al menos un mes, aunque los parlamentarios están estudiando fórmulas para que se les suspenda cautelarmente en el ejercicio de sus funciones de forma inmediata.

Entre las causas que se estudian para explicar la crisis actual argentina, encontramos:

Raúl Alfonsín

1.- Falta de liderazgo político

Argentina no ha tenido una clase política que la guíe hacia el desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) careció de liderazgo para llevar a cabo las propuestas lanzadas en su retórica. Por ejemplo, en 1984 el gobierno argentino propuso el Plan Austral, que contaba con el respaldo del FMI, destinado a imponer disciplina fiscal y a controlar la inflación (que en ese año era del 627 por ciento). Estos objetivos no se alcanzaron: la inflación subió al 672 por ciento en 1985 y los gastos del gobierno aumentaron del 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1984 al 18 por ciento del PIB en 1985.

El Plan Primavera, el siguiente programa también patrocinado por el FMI, tuvo sólo un éxito mínimo: el gasto gubernamental bajó del 16 por ciento del PIB en 1986 al 11 por ciento en 1988 y la inflación se redujo, sólo por poco tiempo, al 90 por ciento en 1986 para subir rápidamente al 343 por ciento en 1988.

La incapacidad del gobierno argentino para encarar sus problemas económicos condujo a una erosión en la confianza de los inversores, a la fuga masiva de capitales, a la devaluación del peso y a una hiperinflación del 3.080 por ciento en 1989 y del 2.314 por ciento en 1990.

Alfonsín renunció cinco meses antes de terminar su mandato, en 1989, y entregó el poder al nuevo presidente electo Carlos Menem. Éste en su primer periodo de mandato (1989-1995) realizó una serie de reformas económicas que lo llevaron a tener una inflación más baja, la confianza renovada de los inversionistas, crecimiento económico y una mejor calidad de vida para los argentinos.

Entre las reformas económicas llevadas a cabo por Menem cabe destacar:

Establecimiento de un sistema de convertibilidad. En 1991, el Congreso aprobó la Ley de Convertibilidad, por la cual “…el peso era totalmente convertible con el dólar a una tasa de cambio nominal fija (1 dólar = 1 peso argentino), y la base monetaria interna se encontraba respaldada en su totalidad por las reservas en moneda extranjera del Banco Central”. En esencia, un sistema de convertibilidad restringe la capacidad del gobierno para emitir billetes y monedas sin un respaldo total de reservas extranjeras. Los billetes y monedas locales son totalmente convertibles a la moneda de reserva a una tasa fija. Según esta ley, los pasivos del gobierno no podían ser financiados mediante la impresión de moneda. Esta política clave ayudó, de esta manera, a detener inmediatamente el problema de la hiperinflación en Argentina.

Carlos Menem

Privatización agresiva de las empresas estatales. Entre 1990 y 1994, el gobierno de Menem privatizó las aerolíneas, el transporte y la distribución de combustible, los trenes de carga y de pasajeros, la generación y la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el servicio postal y los sistemas de agua y de alcantarillados. También vendieron instalaciones de extracción de combustible y petróleo, minas de carbón, plantas petroquímicas, fábricas de acero y la mayoría de los bancos públicos. Esta privatización redujo el consumo del gobierno sobre industrias ineficaces que operaban en pérdida, disminuyó las oportunidades para que el gobierno subsidiara los servicios e incrementó la eficiencia al transferir las ineficaces industrias estatales al más eficiente sector privado.

Desregulación de la economía. El gobierno liberalizó el código de inversión extranjera, eliminó los controles sobre las tasas de cambio y los precios y quitó los impuestos a la exportación y los cupos de importación. La desregulación redujo el costo de hacer negocios y fomentó la inversión, lo cual dio origen a un mayor rendimiento económico.

Todas estas medidas produjeron bienestar social y económico en el país, de hecho, la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) durante 1991-1994 fue la cuarta más alta del mundo, llegando a un promedio de 7,9% anual, pero, lamentablemente, la falta de compromiso del gobierno argentino con estas reformas y algunas medidas equivocadas hicieron que el crecimiento no se sostuviera en el tiempo.

2.- Aumento de la deuda externa

El gasto gubernamental como porcentaje del PIB aumentó de 9,4% en 1989 al 21% en el 2000. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB disminuyó de un promedio de 7,9% entre 1991 y 1994 a cero o negativo a partir de mediados de 1998. La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000. Para lograr el equilibrio fiscal, sin distorsionar la economía, el gobierno pudo haber optado por reducir el gasto. En su lugar, prefirió financiar el déficit aumentando los impuestos y endeudándose con los mercados financieros y el FMI. El aumento de los impuestos fue una táctica errada ya que originó más evasión de impuestos y sofocó al sector empresarial privado que ya estaba perjudicado por la crisis internacional asiática. La deuda pública total de Argentina se incrementó del 34 por ciento en 1991 a alrededor del 52 por ciento del PIB. La elevada deuda acrecienta la percepción del riesgo del país y aumenta el costo de tomar préstamos de los mercados de capitales.

3.- La convertibilidad

Ningún país debe atar su moneda a otra sobre la que no influye. La Reserva Federal americana siempre pondrá en marcha su política monetaria en función de las necesidades de Estados Unidos, sin tener en cuenta para nada a Argentina. Atar el peso al dólar exigía esfuerzos en materia de déficit, reformas y estabilidad económica para equiparar los cánones de funcionamiento de la economía Argentina a la norteamericana. Pero esas reformas no fueron hechas y si consideramos que el 70% de la deuda pública es en dólares y éste en el último tiempo se ha apreciado, lo que ha hecho que se devalúe el peso argentino, y más aún si Brasil ha optado por devaluar y constituye uno de sus mercados principales de exportación.

4.- Regulación excesiva

La privatización debería ser el medio para crear un ámbito competitivo en el cual los productores estén motivados a mejorar sus productos al mismo tiempo que los consumidores se benefician con una mayor cantidad de opciones y precios más bajos. En Argentina, lamentablemente, gran parte de la privatización no promovió la competencia, sino que simplemente transfirió los monopolios del sector público al privado.

5.- Barreras al libre comercio

Si bien Argentina comenzó la reducción de aranceles durante la década de los ochenta, la política comercial principal en los noventa era la participación del país en la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), que entró en vigencia en 1991, los países miembros mantienen un alto arancel externo común (AEC) del 14 por ciento que inhibe el comercio con los países no miembros. Por lo tanto, el intercambio se fomenta sólo entre los países miembros del acuerdo (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y por lo mismo los consumidores no pueden acceder a los mejores  y más baratos productos de todo el mundo y los productores, al tener un mercado asegurado, se desincentivan para introducir nuevas innovaciones y mejoras que les permitieran ser aun competitivos.

Por otra parte, la interdependencia comercial entre los miembros del bloque hizo que cada uno de los países se volviera altamente vulnerable a los problemas económicos del otro. Argentina, por ejemplo, experimentó una disminución del 24 por ciento en sus exportaciones al Mercosur en 1999, en gran parte debido a la devaluación del real (moneda Brasileña) contra el dólar que se produjo durante la crisis económica de Brasil en 1999.

6.- Un débil Estado de Derecho

Para algunos expertos en la historia del derecho, el Poder Judicial de la Argentina se debilitó luego de la Revolución de 1930, cuando la Corte Suprema reconoció como legítimo al primer golpe de estado militar inconstitucional.

La debilidad en el estado de derecho, junto con una enorme burocracia, ha fomentado una cultura de corrupción que va desde los funcionarios públicos en los más altos cargos hasta el argentino común que debe manejarse a través de una amplia red burocrática. La gravedad de este problema se evidencia en el hecho de que el 82 por ciento de los habitantes de Argentina no confían en la efectividad del sistema judicial y, por lo tanto, no lo utilizan. Esta desconfianza tiene consecuencias desastrosas sobre la capacidad del país para generar un crecimiento económico sostenido.

Un sistema de justicia débil y sin transparencia aumenta el costo de hacer negocios en Argentina, socavando así un importante motor de crecimiento: la inversión local y extranjera. Al aumentar el riesgo, un estado de derecho débil socava por igual la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros para emprender actividades comerciales, ahorrar y hacer inversiones a largo plazo. El riesgo se incrementa debido a que la capacidad para buscar compensación o justicia para las acciones ilegales se ve obstaculizada cuando el sistema judicial no es confiable o se encuentra sujeto a la manipulación política.

7.- Préstamos reiterativos del FMI con recomendaciones erradas

El Fondo Monetario Internacional comparte la responsabilidad por la difícil situación argentina.

El historial de préstamos del FMI a la Argentina  muestra un casi continuo apoyo financiero acompañado de recomendaciones acerca de políticas a implementar. Si bien algunas de estas políticas hubieran ayudado a liberalizar la economía, la mayoría de ellas entorpeció el crecimiento económico y fomentó el riesgo moral.

Luego de casi dos décadas de erróneas recomendaciones sobre las políticas y de un financiamiento casi continuo, el Fondo ha fortalecido el poder de los intereses políticos en perjuicio del crecimiento económico.

Acuerdos de préstamos entre Argentina y el FMI han tenido lugar continuamente en los 18 años comprendidos entre 1983 y 2001, salvo en dos años, entre 1986-1987 y 1988-1989. Todos los préstamos estuvieron a disposición del país ininterrumpidamente, ya sea que el país estuviera atravesando una crisis o no.

En cada programa, el FMI aconsejaba seguir políticas que retardaban la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Cada acuerdo con el FMI, por ejemplo, exigía a la Argentina equilibrar su presupuesto fiscal mediante el aumento de impuestos (en vez de reducir el gasto público mediante una reducción del aparataje estatal). El incremento en los impuestos entorpecía la actividad económica y alentaba la evasión tributaria, agravando cada vez más el desequilibrio fiscal que las recomendaciones supuestamente debían tratar.

Argentina rara vez implementó las reformas de políticas exigidas por el FMI a cambio de los acuerdos de crédito. Por ejemplo, cada acuerdo con el FMI requería que el gobierno argentino recortara el gasto gubernamental para ayudar a equilibrar el presupuesto fiscal. Desde 1989, sin embargo, el gasto de Argentina creció del 9,5% al 22,3% del PIB. Solamente con los ingresos masivos de capital provenientes de la privatización el gobierno pudo lograr un superávit fiscal. Luego de finalizada la privatización, nuevamente se produjo un déficit fiscal. A pesar de la amplia evidencia del incumplimiento de la Argentina con respecto a las exigencias de reformas, el FMI le siguió otorgando préstamos cada vez mayores. Esto hizo que cada vez aumentaran los intereses de la deuda más y que se hiciera cada vez más difícil para Argentina pagar.

8.- El gnoqui

Más conocido como la persona que acude a su empresa (generalmente pública) u organismo sólo el día 29 de cada mes a cobrar un salario por el que no ha realizado ningún trabajo. Es sólo el botón de muestra de otras figuras que han dado lugar a una superestructura no productiva en el sector público argentino.

Un ejemplo: sólo en el Gobierno Central de Fernando de la Rúa había más de 3.000 asesores. Esta hiperinflación de empleados públicos se repite y, de forma más aguda, también en muchos de los Gobiernos de las 23 provincias que tiene Argentina. Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que entre un 30% y un 40% de los empleados argentinos son funcionarios o gozan de algún tipo de subsidio.

9.- La corrupción.

Es también parte de la cultura y uno de los males habituales de esa superestructura, fundamentalmente en las provincias.

10.- La fuga de capital.

Problema derivado de la falta de confianza de los propios argentinos en su país. Una falta de confianza que se ha instalado también en toda la comunidad internacional. Se calcula que durante el pasado año los argentinos sacaron a cuentas en el extranjero más de 18.000 millones de dólares y que, en total, ya hay unos 120.000 millones de dólares fuera del país.

11.- La involución militar.

Los militares son actualmente una clase desprestigiada en Argentina y, afortunadamente, acomodaticia. Esto supone, por exclusión, una consolidación del sistema democrático, aunque la radicalización de las protestas y la amenaza del presidente Duhalde de recurrir a la “sangre” para controlar el caos, no es un buen presagio.

12.- La pobreza

Más de 12 millones de pobres, sobre una población de 37 millones, suponen un problema para articular medidas adecuadas.

Vocabulario en boga

Devaluación: Es cuando una moneda se deprecia en relación con otra que es tomada como parámetro. En el caso de Argentina, el valor del peso se mide en relación con el dólar estadounidense.

Cacerolazos: Protestas a golpes de cacerola protagonizadas fundamentalmente por la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Estas manifestaciones desencadenaron las renuncias de Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá a la presidencia.

Corralito: Como se llama popularmente a las restricciones bancarias que impuso por decreto el ahora ex presidente Fernando de la Rúa. La norma establece que los argentinos sólo pueden retirar 250 pesos o dólares por semana (1.000 por mes) y ha provocado malestar en la clase media y en aquellos que viven de la economía informal.

Default: Cuando un país endeudado no genera recursos suficientes para afrontar los compromisos con sus acreedores, se dice que entró en default o cesación de pagos.

Corrida bancaria: Es cuando, por un shock económico, los ahorristas retiran los depósitos de los bancos y se produce un colapso en el sistema financiero, que en determinado momento se vuelve incapaz de pagar.

Clasificación crediticia: Es elaborada por la firma estadounidense Moody's Investors Service. Jerarquiza a los países en categorías cualitativas, en lugar de numéricas.  Tal clasificación es tomada en cuenta por los inversores a la hora de medir el riesgo de una economía. La decisión de Moody's influye en la cotización de los bonos de la deuda de un país. Esa cotización, a su vez, suele tener una relación inversa con la evolución del riesgo país elaborado por J. P. Morgan.

PIB: El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Se utiliza para medir la riqueza de los países y además la variación porcentual de éste se utiliza como indicativo de crecimiento económico de un país.

Riesgo país: Es un índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y es elaborado por el banco de inversiones J. P. Morgan, de Estados Unidos. Mide el grado de "peligro" que entraña un país para las inversiones extranjeras.

Técnicamente hablando, es la sobretasa que pagan los instrumentos de la deuda en relación con los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, nación considerada la más solvente del mundo. Esa sobretasa es una gratificación para los que se atreven a arriesgar en un país.

Volatilidad: Se habla de volatilidad cuando las bolsas de comercio de los países suben y bajan en el corto plazo debido a la incertidumbre económica.

Fuentes Internet:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1504000/1504245.stm