Primer Congreso Nacional

 

Su instalación, hecha bajo juramento de fidelidad a Fernando VII, se verificó el 4 de julio de 1811 en el edificio de la Real Audiencia. Inicialmente iba a integrarse por 36 diputados, pero su número se incrementó en seis, debido a que el Cabildo de Santiago reclamó el derecho a tener 12 en atención al mayor número de habitantes que el resto de las circunscripciones. Esta maniobra política permitió a los fidelistas alcanzar el control del Congreso.

Desde un comienzo el accionar del Congreso fue confuso, debido tanto a la falta de experiencia política como a la división que se observó en su interior entre la mayoría fidelista (reacia y temerosa a las reformas) y la minoría radical, compuesta por 12 diputados, entre los que destacaban Bernardo O'Higgins y Manuel de Salas.

Desesperados los radicales por la inacción del Congreso, comenzaron a tramar una acción de fuerza para cambiar su fisonomía. Recurrieron a jóvenes oficiales de tropas recién formadas y que se mostraban descontentos con el rumbo que el Congreso había impuesto al gobierno criollo. Sin embargo, durante todo el mes de julio y los primeros días de agosto, el movimiento, por diversas razones, debió ser postergado.

A comienzos de agosto, el Congreso acordó entregar el poder ejecutivo a una Junta que le estaría subordinada. Con este acto se ponía en evidencia la confianza de la aristocracia por los gobiernos colegiados y su temor a la concentración del poder en una sola mano. El problema en torno a la llamada Junta Ejecutiva surgió porque los diputados radicales comenzaron a exigir que los 3 miembros que debían integrarla representaran respectivamente a las localidades de Coquimbo, Santiago y Concepción, esperanzados en colocar a Martínez de Rozas como miembro por esta última ciudad, e ilusionados porque conociendo su abierta postura reformista y separatista esperaban grandes cambios. Lamentablemente para ellos, la mayoría fidelista designó a hombres de sus filas.

Este hecho provocó una ruptura frontal entre los dos bandos en el congreso. El día 9 de agosto los diputados radicales procedieron a retirarse, acusando a la mayoría de querer restablecer el antiguo régimen, aliándose al grupo realista, cuyos miembros comenzaron a ser llamados por el sobrenombre de sarracenos. A su vez, Martínez de Rozas se trasladó a Concepción donde el 5 de noviembre, en cabildo abierto, se estableció una Junta provincial independentista, que se juró subordinada al gobierno criollo de Santiago, pero resuelta a manifestar el descontento de los penquistas. De inmediato procedió a retirar la confianza a sus 2 diputados que se habían integrado al grupo fidelista y a reemplazarlos por 2 radicales.

En Santiago, mientras tanto, los radicales se convencieron que el único camino para cambiar las cosas era una acción de fuerza. Recurrieron, pues, a los oficiales más dispuestos a su causa, entre los que destacaba Juan José y Luis Carrera. Estos presentaron a su hermano José Miguel que en el mes de julio había llegado a Chile procedente de España y convencido que era llegada la hora de la independencia.

El 4 de septiembre, José Miguel Carrera intervino por primera vez en la vida pública chilena, dirigiendo este golpe de fuerza contra el Congreso Nacional. Las demandas que presentó a la corporación, y que, por supuesto, eran del sentir de los radicales, incluían:

1º Remover de sus puestos a los diputados fidelistas y rebajar de 12 a 6 el número de representantes por Santiago.

2º Exonerar a varios funcionarios públicos que se habían mostrado opositores francos a las reformas criollas.

3º Establecer una junta ejecutiva de cinco miembros, pero subordinada al Congreso.

4º Desterrar a los opositores al movimiento criollo.

Todas las peticiones fueron acogidas y pudo recién ahora el Congreso dedicarse a la discusión y aprobación de proyectos.

Labor del Congreso Nacional

1º Creación de la provincia de Coquimbo.

2º Prohibición de vender en remate público los cargos del cabildo.

3º Supresión de los derechos parroquiales.

4º Cese del envío de dinero a Lima para la Inquisición.

5º Autoriza la creación de cementerios en las afueras de las ciudades, prohibiéndose el entierro en las iglesias.

6º Creación del Tribunal Supremo Judiciario que reemplazaría en el dictamen de fallos de última instancia al Consejo de Indias. Con ello el Congreso negaba la autoridad de cualquier organismo extranjero en los asuntos de Chile.

7º Promulgación de la Ley de Libertad de Vientres, iniciativa de Manuel de Salas, mediante la cual se declaraba libre a todo hijo de esclavo que naciera en Chile con posterioridad al 15 de octubre de 1811, fecha de promulgación de la ley. También se prohibía la internación de nuevos esclavos y aquellos en carácter de tránsito serían libres si permanecían más de seis meses en Chile.

8º Envío de Francisco Antonio Pinto como agente del gobierno chileno ante la Junta de Buenos Aires, adquiriendo las relaciones con ese país el carácter de oficial.

El fin del Congreso Nacional

Luego del golpe del 4 de septiembre, los hermanos Juan José y Luis Carrera afianzaron su posición al mando de tropas militares. José Miguel, en cambio, no recibió directamente ningún beneficio, dedicándose desde entonces a planificar su ascenso al poder. Para ello trabajo intensamente junto a sus hermanos e hicieron creer al bando de los sarracenos, o godos como también los llamaba Carrera, que estaban dispuestos a restablecer el antiguo régimen a cambio de apoyo.

Fue así como el 15 de noviembre, dirigidas las tropas por Juan José Carrera, se exigió al Congreso que por segunda vez se cambiara a los miembros de la junta, excusa para llevar al poder a José Miguel, y se suspendiera la orden de destierro contra los fidelistas dada el 4 de septiembre. De paso manifestaron al Congreso que estaban dispuestos a continuar apoyando las reformas criollas, dejando de esta manera en claro que sólo habían utilizado a su favor a los sarracenos. Presionado el Congreso tuvo que acceder a las peticiones. Se organizó una nueva Junta Ejecutiva de 3 miembros, uno por cada provincia. Gaspar Marín por Coquimbo, José Miguel Carrera por Santiago y Juan Martínez de Rozas por Concepción, pero como este último no se encontraba en la capital, fue designado en carácter de suplente Bernardo O'Higgins. Sin embargo, algunos diputados procedieron a retirarse del Congreso al ver en este movimiento el camino al establecimiento de un régimen personalista.

Las disputas de Carrera con los otros dos miembros de la junta, que tenían mayoría en el Congreso, alcanzaron cada vez tonos más agrios. Carrera podía comprobar que su falta de aliados en el Congreso le imposibilitaba de dirigir el movimiento criollo a su gustoLa oportunidad de consolidar su situación se vio favorecida a fines de noviembre al descubrir un complot en su contra. En el proceso que llevó contra los cabecillas, trató de ver -injustificadamente- la mano del Congreso. El 2 de diciembre anunció a los otros dos integrantes de la junta Ejecutiva que había decidido clausurar el Congreso en vista de las pruebas que, según él, incriminaban a ese organismo. De inmediato O'Higgins y Marín renunciaron.

El Gobierno de José Miguel Carrera

Jose Miguel carrera

El gobierno de Carrera tuvo un profundo y audaz sentido renovador. El caudillo y sus colaboradores tenían la mente puesta en la independencia y se esforzaron por preparar el camino y divulgar las ideas de la libertad. Varias iniciativas significaron notorios avances y Carrera llegó a pensar en proclamar la independencia.

El primer semestre de 1812, lo pasó ocupado en promover varias ideas reformistas y en acabar con la Junta provincial de Concepción que no había aprobado sus métodos para llegar al poder. En julio de ese año, consiguió su fin y ordenó luego el destierro a Mendoza de Juan Martínez de R.

Un importante estímulo recibió el movimiento criollo al llegar a Chile el cónsul norteamericano Joel Robert Poinsett, designado por el presidente James Madison, en misión en el Río de la Plata y en Chile, como una primera aproximación hacia los gobiernos establecidos en ambos lugares. Su arribó causó gran revuelo y los patriotas quisieron ver en su misión una especie de reconocimiento tácito al gobierno chileno y a su causa. Las actuaciones del cónsul fueron de franco apoyo a los patriotas con cuyos círculos convivió. Una gran amistad lo ligó con Carrera, a quien incluso acompañó en el comienzo de las campañas militares de la Patria Vieja.

La intención más seria del gobierno de Carrera fue contribuir a la formación de una conciencia chilena, es decir, que los criollos supieran distinguir entre lo español y sus intereses como nación. Por tal razón las obras de su gobierno llevan un marcado interés en lo ideológico. Difundir ideas, educar, crear conciencia de la diferencia con España.

Con ese fin adquirió una imprenta que había hecho llegar al país el norteamericano Mateo Arnoldo Hoevel. Con ella se dio a la tarea de publicar el primer periódico nacional Aurora de Chile, cuyo primer número dio a luz pública el 13 de febrero de 1811). Su primer director fue fray Camilo Henríquez; colaboró también Manuel de Salas, Antonio José de Irisarri y Bernardo Vera, difundiendo los más revolucionarios conceptos de filosofía política, leídos de autores franceses principalmente.

Siguiendo esta orientación se creó una bandera y escarapela nacional que debían reemplazar a las españolas. La bandera estaba diseñada en 3 franjas horizontales con los colores blanco, azul y amarillo. La escarapela fue exhibida por los militares en sus sombreros y luego por los civiles y los eclesiásticos. Promulgó un decreto sobre escuelas de primeras letras para niños y niñas pobres que los conventos de curas y monjas debían abrir. Pero lo más significativo de su gobierno fue la dictación del primer reglamento constitucional en 1812.

Fray Camilo Henríquez

Elaborado por una comisión designada por Carrera, en la que destacaron Camilo Henríquez, Manuel de Salas y José Antonio Irisarri. Esta constitución que tenía el carácter de provisoria, se componía de 24 artículos, que a pesar de su brevedad no dejaron de causar cierto escándalo. En ella, Fernando VII, aunque reconocido como soberano, debía someter su autoridad a los principios que una constitución definitiva determinara. En su nombre gobernaría una Junta Superior Ejecutiva, a cuyo cargo estarían el régimen interior y las relaciones exteriores. Se componía de 3 miembros, elegidos por un período de tres años.

La Junta quedaba sometida al control de un Senado de siete miembros, dos en representación por la provincia de Coquimbo, tres por la de Santiago y otros dos por la de Concepción. El consentimiento del Senado era indispensable para imponer contribuciones, declarar la guerra, hacer la paz, acuñar monedas, establecer alianzas y tratados de comercio, nombrar agentes diplomáticos, reclutar tropas, mediar en caso de conflicto entre las provincias, designar autoridades o crear en su defecto cargos públicos, entablar relaciones exteriores y modificar la constitución. De común con el Tribunal de Apelaciones, conocía de los juicios de residencia de los vocales de la Junta.

El reglamento constitucional establecía que la religión católica apostólica es y será siempre la de Chile (Art. 1º), y de que ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunal fuera del territorio Chile, tendrá efecto alguno, y quienes intentaren darle valor serán castigados como reos de estado (Art.5º).

Estas dos disposiciones acarrearon serias dificultades con el clero y los sectores más religiosos y conservadores. La omisión de la palabra romana hacía pensar que se pretendía independizar la iglesia chilena del papado; al mismo tiempo, la prohibición de acatar decretos, providencias u órdenes foráneas, motivó a pensar a los más conservadores que el propósito último era la independencia más absoluta respecto de España.

A continuación, Ver Las armas defienden a la Patria.

Compilación:  Profesor en Línea