Régimen parlamentario y "la cuestión social"

 

Historia de Chile: Segundo Medio

Unidad 4. La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo

Tercera subunidad: La crisis del régimen parlamentario y "la cuestión social" 

La “cuestión social”. Condiciones de vida de hombres y mujeres en las salitreras, los puertos, las ciudades y los campos. Las nuevas organizaciones de trabajadores.

La "Cuestión Social" y el retorno al Presidencialismo

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Enrique Mac-Iver

Durante 1891 y hasta 1925 se manifestó un claro predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo. La práctica parlamentarista de hacer caer los gabinetes ministeriales mediante la censura determinó que en el transcurso de ese período pasaran por los sucesivos gobiernos: 530 ministros de Estado, a través de 121 cambios, tomando en cuenta las crisis totales y parciales.

Los presidentes de la segunda etapa de la "República Parlamentaria" (que nunca fue completa y efectiva) fueron: el Vicealmirante Jorge Montt Álvarez (1891-1896); Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901); Germán Riesco Errázuriz (1901-1906); Pedro Montt Montt (1906-1910); Ramón Barros Luco (1910-1915); Juan Luis Sanfuentes Andonáegui (1915-1920), y Arturo Alessandri Palma (1920-1924). Todos, salvo Jorge Montt Montt, ejercieron anteriormente como parlamentarios.

La década del desencanto

A principios de siglo (el siglo XX), el ambiente que se vivía era una mezcla de pesimismo por los valores que se dejaban atrás y falta de confianza en las clases aristócratas y políticas, que no sabían comprender ni reaccionar ante las carencias económicas de la gran masa.

Ver: PSU: Historia y Ciencias Sociales; Pregunta 38

Siempre una nueva época hace pensar a los hombres en la realización de todos aquellos ideales o cosas que antes sólo habían sido meras posibilidades. Sin embargo, en nuestro país el espíritu de algunos de los contemporáneos no era del todo optimista frente al presente y a las oportunidades de un futuro cercano.

Enrique Mac-Iver Rodríguez, en su ya clásico discurso sobre la crisis moral de la república, lo había expresado en 1900 y lo reiteraba Alberto Edwards en 1901: "... sólo vivimos del recuerdo de un pasado glorioso sin aliento de continuar la obra de nuestros padres, perdidas las ilusiones y la fe, heridos en el alma por la implacable lógica de los acontecimientos".

Este desencanto, producto sin duda de la incapacidad de los políticos por encarar y dar respuesta satisfactoria a los graves problemas económicos y a la "cuestión social", que ya se vislumbraba como uno de los más serios, deja ver claramente que Chile vivía por esos días el agotamiento de un estilo de vida que no se adaptaba a una realidad que cambiaba radicalmente.

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Estudiantina formada por damas de la sociedad  (1908)

Los ideales de regeneración planteados por la revolución de 1891 no lograban concretarse, esto sumado al fracaso del régimen parlamentario por la incapacidad de la clase aristocrática para asumir su rol de conductora era ya reconocido en 1894 por Francisco Valdés Vergara, el opositor a Balmaceda que decía: "Duro es confesarlo, pero los hombres que hicimos la revolución con la mejor de las intenciones hemos causado daños mayores que los bienes prometidos".

La década que pasó sin dar una respuesta satisfactoria a los nuevos cambios, dio cabida a discusiones que se alejaron de los espacios públicos tradicionales, como el Congreso o el Palacio de gobierno. Por el contrario, se creó un ambiente de participación en centros sociales o asociaciones prominentes como el Club de la Unión, el Club Hípico y el de Septiembre, entre otros lugares.

La existencia de una gran cantidad de partidos políticos no era de gran relevancia. Todos tenían escasas diferencias ideológicas y estaban inspirados por el pensamiento liberal, representando en mayor o menor grado las ideas o intereses de la oligarquía, el grupo social dominante.

Esta elite se había formado por la fusión de dos grupos: la aristocracia tradicional que tenía en la posesión de la tierra su principal fuente de ingresos y los comerciantes e industriales enriquecidos en el siglo XIX.

Los autores de la época denunciaron la relajación moral de esta nueva casta que se inclinó por un tren de vida aristocrático y para quienes el dinero es un instrumento para mantenerlo, de ahí que no importaba tanto la forma de obtenerlo como la de gastarlo.

Los créditos se conseguían fácilmente, si era preciso endeudarse y los impuestos internos eran casi inexistentes, pues nuestra economía giraba en torno al salitre, el que se exportaba en grandes cantidades a Europa y a través de los derechos aduaneros de exportación el estado chileno obtenía su participación en esta enorme fuente de riqueza.

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Club de la Unión

Paralela a esta conducta de la clase dirigente y en forma para ella imperceptible en esta primera década del siglo XX se inició un cambio trascendental en los sectores medios.

Ellos, fruto del liceo, eran profesionales, intelectuales y empleados que comenzaron a tomar conciencia y aceptando su propia identidad, abandonaron su actitud imitativa de la clase alta. Estaba llegando el momento para que este importante y dinámico conglomerado asumiera crecientes responsabilidades en la conducción del país.

Inés Echeverría de Larraín, más conocida como "Iris", así lo reconoce y explicando los reales móviles del Club de Señoras inaugurado el 19 de agosto de 1916 afirma en la revista "Silueta":

"Con nuestra mayor sorpresa apareció una clase media que no sabemos cuándo haya nacido, con mujeres perfectamente educadas, que tenían títulos profesionales y pedagójicos, mientras nosotros sabíamos apenas los misterios del rosario... Entonces sentimos el terror de que si la ignorancia de nuestra clase se mantenía dos jeneraciones mas, nuestros nietos caerían al pueblo i viceversa ".

La cosa no daba espera... Los síntomas eran alarmantes, era necesario reemplazar la organización existente por otra capaz de ofrecer nuevas opciones, lo que sería tarea de las próximas décadas.

Así, no obstante, la esterilidad política de esos años, hubo continuidad administrativa lo que permitió el desarrollo de planes generales de obras públicas.

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Inés Echeverría de Larraín

Pero en el país, desde fines del siglo anterior, fermentaba, lenta pero inexorablemente, un nuevo conflicto que tuvo fuertes repercusiones en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.

Sucedió que entre los vaivenes de la situación económica y social, miles de obreros que habían quedado cesantes, como consecuencia de la crisis de la minería del salitre en el norte del país, retornaban al centro con sus familias, en busca de trabajo y hogar... Y el Estado carecía efectivamente de las leyes necesarias para enfrentar la grave crisis social.

Así, en 1920, luego de un estrechísimo resultado electoral, Arturo Alessandri Palma asumió la Presidencia de la República, apoyado por amplios sectores liberales, radicales y demócratas que vieron en él la posibilidad de salvar la situación.

Contando con un gran fervor popular, Arturo Alessandri trató de impulsar un paquete de leyes sociales y laborales ante un Congreso que, aunque dividido, le fue contrario; en especial, el Senado, que no aprobaba los proyectos de ley...

Nuevamente la pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo determinó un grave colapso institucional que llevaría al fin de la Constitución de 1833. Y así, en septiembre de 1924, la Junta de Gobierno que asumió el poder en reemplazo del presidente Arturo Alessandri Palma, disolvió el Congreso Nacional, el 11 de aquel mes.

Es necesario destacar que durante los días finales de esta crisis, acentuada por la intervención militar, el Senado aprobó la legislación social y laboral que durante años rechazó.

Al año siguiente, 1925, nuevamente al mando de la nación Arturo Alessandri Palma, se promulgó la "Constitución Política de la República de Chile".

La nueva Carta Fundamental comenzó a regir en octubre y, como se estipulaba en ella, el Ejecutivo resultó favorecido en comparación con el Legislativo, el cual ya no podía derribar ministerios mediante la censura. Además, se debía clausurar los debates de proyectos de ley en un plazo determinado; no se podían postergar las leyes de presupuesto para presionar al Ejecutivo pues éstas se aprobarían automáticamente luego de discutidas.

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El sufrido pueblo

También se declaró la incompatibilidad del cargo de parlamentario con el de ministro. El mandato de los diputados fue ampliado de 3 a 4 años y el de los senadores de 6 a 8. Por otro lado, la idea del presidente Arturo Alessandri de reducir el Senado a un cuerpo solamente consultivo no prosperó. La Cámara Alta mantuvo todas sus prerrogativas, incluso las políticas.

Entre 1925 y 1927 ejerció el mando de la nación el presidente Emiliano Figueroa Larraín, primer Mandatario elegido según la Constitución de 1925.

Ante la presión militar aplicada principalmente por su Ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, el presidente Figueroa renunció el 7 de abril. Aquel mismo día, Carlos Ibáñez alcanzó finalmente la Primera Magistratura, como Vicepresidente de la República, sin embargo no disolvió el Congreso. Su pretensión fue reducirlo a labores meramente técnico-legislativas. Y el Congreso colaboró.

En 1930, el ya presidente Ibáñez convino con los líderes de las colectividades políticas en no realizar los comicios parlamentarios, sino ponerse de acuerdo en la distribución de los escaños.

Así fueron proclamados los nuevos parlamentarios del Congreso llamado "termal", por haberse realizado las negociaciones en las Termas de Chillán.

El presidente Carlos Ibáñez utilizó con frecuencia el instrumento de los decretos leyes para gobernar, pero también contó con la aprobación del Congreso en numerosas iniciativas, como la reorganización de la Administración Pública que creó instituciones nuevas y concretó otras que eran iniciativas ya contenidas en el paquete de leyes sociales y laborales del gobierno del presidente Arturo Alessandri.

A comienzos de 1930, la crisis económica internacional comenzó a repercutir fuertemente en Chile, creando una gran efervescencia política que fue generando un irritante descontento nacional.

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Emiliano Figueroa Larraín

Al año siguiente, el presidente Ibáñez solicitó al Congreso, y le fueron concedidas, facultades extraordinarias para hacer frente a la crisis económica. Finalmente, la grave situación política, los movimientos sindicales y las manifestaciones populares llevaron a Ibáñez a renunciar el 26 de julio de 1931, delegando el mando en el presidente del Senado, Pedro Opaso L.

En octubre resultó electo presidente Juan Esteban Montero Rodríguez, quien durante este turbulento período también había ejercido la Vicepresidencia de la República. Desde los inicios de su gobierno, Juan Esteban Montero fue el blanco de ataques tanto de sectores ibañistas como de alessandristas.

El 4 de junio de 1932 el presidente Montero fue derrocado por un nuevo movimiento militar dirigido por el coronel Marmaduke Grove V. Comenzó la efímera "República Socialista", que durante ese mes implantó varias Juntas de Gobierno. El 6 de junio fue disuelto el Congreso Nacional.

La incertidumbre y el descontento nacional ante la prolongada anormalidad institucional, determinó, en septiembre de 1932, la renuncia de quien en ese momento detentaba la Presidencia Provisional de la República Socialista, Carlos Dávila E., sucediéndole también como Presidente Provisional de la República, el general Bartolomé Blanche E. En octubre éste entregó el mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel U., quien convocó a elecciones Presidencial y Parlamentarias a fines de aquel mes.

Con el apoyo de distintos sectores políticos, el nuevamente candidato a la Presidencia de la República Arturo Alessandri Palma ganó ampliamente.

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Juan Esteban Montero Rodríguez

Desde ese momento, la institucionalidad de 1925 logró imponerse, después de un largo período de ocho años de vacíos de poder y de reacomodo de las instituciones, lo que en la práctica significó que el Ejecutivo fue ejercido por diecisiete gobiernos distintos.

Por su parte, el Congreso Nacional sufrió dos clausuras (11 de septiembre de 1924 y 6 de junio de 1932), lo cual no impidió que hubiera actividad parlamentaria en cada uno de los ocho años del período.

Preocupación entre intelectuales, universitarios, eclesiásticos y políticos por las condiciones de vida de los sectores populares. Soluciones propuestas.

Continuidad y cambio en la “cuestión social” de nuestro país

En nuestro país la noción e idea de “cuestión social” llegó a constituir una de las principales temáticas de preocupación y de discusión pública desde fines del siglo XIX hasta las primeras dos décadas del XX.

Durante ese período, y tal como ocurre en el caso europeo, procesos como la expansión urbana, las dificultades para la constitución de una “sociedad salarial” y, más lentamente, el desarrollo de la actividad industrial inciden directamente en la aparición de una serie de fenómenos que se dan precisamente en las grandes ciudades y en las concentraciones de trabajadores de la zona salitrera.

En general, a nivel de las principales ciudades, puertos y oficinas salitreras, se constatan precarias condiciones de vida de la clase obrera y, en especial, de la propia relación laboral, al carecer de protección y seguridad. (Ver: Crisis del salitre)

 Las precarias condiciones de vida en las ciudades se ven agravadas por los problemas de vivienda que acarrean los flujos migratorios desde las haciendas del valle central y, posteriormente, de los centros mineros ubicados en la zona del salitre.

Las ciudades asisten a un notable crecimiento demográfico que deviene en una fuerte demandas por habitaciones y viviendas. Del mismo modo, este déficit habitacional, unido al vertiginoso crecimiento de las ciudades provoca diversos problemas de hacinamiento, violencia y la propagación de enfermedades contagiosas.

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Cesantes llegan en masa a la ciudad

Todas estas expresiones de la “cuestión social” dan inicio a una serie de denuncias y conflictos sociales y políticos que evidencian también un cuestionamiento y malestar por parte de amplios sectores.

Una de las reacciones deriva de segmentos específicos pertenecientes al mundo popular, específicamente, por parte de los artesanos y de las primeras organizaciones obreras: mutuales y mancomunales.

Desde fines del siglo XIX se produce un recrudecimiento de las distintas expresiones de la lucha y de la protesta obrera que afectan a la mayoría de las ciudades, puertos y centros mineros.  Por otro lado, son las elites y la oligarquía quienes ven a la precariedad de los trabajadores y sectores populares como una amenaza para la estabilidad del orden social.

También existieron otros representantes de las elites, entre ellos la Iglesia Católica y algunos grupos de legisladores, que promovieron ciertas normas e impulsaron las primeras reformas sociales.

Como vemos, hasta las primeras décadas del siglo XX, la “cuestión social” connota diversas manifestaciones que, desde nuestra perspectiva, hacen evidentes las dificultades para la integración y la participación de un amplio sector de la sociedad chilena.

Junto a las carencias en los sectores populares —en salubridad, educación y vivienda—, la desprotección de los trabajadores y el aumento de la conflictividad social, sobresalen también dos importantes interpretaciones manifestadas por los actores más protagónicos:

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Un conventillo en Valparaíso

En primer lugar, concebir la “cuestión social” como un fenómeno estrictamente urbano y asociado a la clase obrera.  En segundo término, entender a la “cuestión social” como sinónimo de “crisis moral”, tanto por parte de los sectores oligárquicos como por quienes realizan una crítica social más profunda.

Esto último tiene a su vez dos significados.  Para algunos expresa la sensibilidad frente a las condiciones de vida de los sectores populares; pero también, situaciones que van desde el alcoholismo y la violencia urbana son percibidas como transgresoras de las normas y del orden social. 

En síntesis, la “cuestión social” es asumida en distintos niveles, pero se restringe a la realidad de los sectores populares urbanos.  Logra también dar cuenta de una especie de “crisis integral”, dada las implicancias sociales y políticas que tuvo para la época.

Junto a ello, por el hecho de que ciertos sectores tuvieron que abocarse a reconocer e identificar aquellos rasgos que estaba tomando la constitución de la sociedad chilena, permitió definir las particularidades de la idea de nación.

No es casual que buena parte de los ensayos críticos, como los de Valdés Canje, Recabarren y el mismo Encina, se hayan realizado cercanos al primer centenario de la independencia, en 1910.

Ver: Crisis del Centenario

Lo cierto es que la emergencia de la “cuestión social” va a traer enormes repercusiones para el conjunto de la sociedad chilena, la que inicia una significativa modificación en el plano institucional, provocando así una reorientación de la función del Estado.

Las primeras legislaciones obreras, que datan de principios del siglo XX, dan paso a un sistema de protección garantizado, desde los años veinte, por un marco institucional promovido desde el Estado.

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Buscando sustento en la basura (1920)

A partir de ese momento, las relaciones laborales y el conflicto estarán mediadas por un marco regulatorio y de protección, generando con ello una suerte de consenso entre los actores involucrados. Consenso que asienta las bases del llamado Estado de compromiso, constituido a fines de los años treinta.

Pero también, al asumir las demandas y las problemáticas que lleva implícita la “cuestión social”, el Estado da inicio a un importante ciclo de extensión de las políticas sociales, en un primer momento en materia de salud, aunque luego también hacia vivienda y educación.

¿Por qué se deja posteriormente hablar de la “cuestión social”?  En gran medida, desde mediados de los años veinte se configura un nuevo marco institucional que permite la participación de sectores que hasta principios de siglo se habían mantenido al margen de las instancias de decisión y que carecían de un sistema de protección y seguridad social: los grupos medios y sectores de la clase obrera organizada.

Pero además es importante destacar que buena parte del siglo XX, o más bien hasta principios de los años setenta, la sociedad chilena asiste a un gradual pero extensivo proceso de promoción de la ciudadanía. Esto asegura la incorporación y el sentido de pertenencia a la “comunidad nacional”.

Con ello no se desconoce la constante presión de grupos que históricamente mantienen una condición de marginados, no cuentan con canales adecuados de expresión y por tanto carecen de reconocimiento por el conjunto de los actores sociales y políticos.

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Familia santiaguina desposeída (1910)

Incluso, hacia fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando la irrupción del movimiento de pobladores pone en evidencia el problema de la marginalidad —de aquellos sectores que fueron emigrando desde el campo a los grandes centros urbanos— no se explicita el tema de la “cuestión social” como se conoció y asumió en la fase anteriormente descrita.

No obstante, el discurso académico y, en menor medida público, habla de “crisis integral” y de la necesidad de generar y promover más “integración” y “participación”.

Buena parte de esta nueva problemática, que es manifestada, en un primer momento por el grueso de la población femenina y luego por pobladores y campesinos, será asumida desde el Estado que entregará y fomentará nuevos canales de participación.

De este modo, las demandas por integración y participación, y por ende los elementos subyacentes de la “cuestión social”, son asumidos mayoritariamente desde el Estado y canalizados por una serie de instancias.

La expansión de la ciudadanía, a este respecto, cumple un importante papel en cuanto asegura la participación a nivel del sistema político y permite gozar del conjunto de los servicios y de las políticas sociales impulsadas desde el sector público.

También lo son otros dos importantes mecanismos.  Por un lado, el sistema de seguridad social y de protección en materia de relaciones laborales. Recordemos que en este nuevo contexto es el Estado el que fomenta buena parte de las actividades productivas. Por otro, el papel desempeñado por la educación, en especial tras las medidas de fomento y extensión que se impulsan a mediados de los años sesenta.

Fuentes Internet:

http://www.salesianoconcepcion.cl

http://www.cfg.uchile.cl/fg/semestre2/_2004/conflicto/modulo1/clase2/texto/integra.htm

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