Gobierno de Ramón Freire (1823 - 1826)

 

Ramón Freire.

Ramón Freire nació en Santiago el 29 de noviembre de 1787, hijo de Francisco Antonio Freire y Paz y de Gertrudis Serrano y Arrechea.

Trabajó desde los dieciséis años. En Concepción fue dependiente de la casa de Comercio de la familia Urrutia Mendiburu; después, fue sobrecargo del buque mercante de dicha compañía entre Talcahuano y los puertos del Perú.

En 1811, a los veinticuatro años, ingresó como cadete al ejército, al escuadrón Dragones de la Frontera. En 1813, ascendió al grado de teniente, participando en las batallas de Curapalihue, Huilquilemu, Talcahuano, El Roble y El Quilo, entre 1812 y 1814.

A la fecha de la batalla de Rancagua en 1814, contaba ya con el grado de capitán. Luego del combate, partió a Buenos Aires.

Estuvo casado con Manuela Caldera Mascayano.

En 1816, se incorporó al Ejército de los Andes. Ahí, bajo las órdenes del general José de San Martín, fue enviado a tomarse la ciudad de Talca.  El 11 de febrero de 1817 estaba asentado en su plaza, en la víspera de la batalla de Chacabuco. Después, combatió en la lid de Cerro Gavilán en 1818.

En 1819 fue nombrado Intendente de Concepción. El 25 de noviembre de 1820, en la batalla de las Vegas de Talcahuano, Freire venció al realista Vicente Benavides.

A comienzos del año 1823 manifestó su disconformidad con la dictadura de Bernardo O’Higgins. Luego de la abdicación de éste, el 4 de abril de 1823, fue elegido Director Supremo Provisorio de la nación.

Derrotado en la batalla de Lircay, debió luego emigrar a Tahiti, ya que había sido enjuiciado y condenado a muerte. Ramón Freire murió el 9 de septiembre de 1851.

Las vicisitudes de su gobierno

La Junta que reemplazó a O’Higgins no hizo más que elegir, ese 4 de abril de 1823, un Director Supremo provisional, mientras se reunía otro Congreso General Constituyente, y la elección recayó en la única persona que estaba en condiciones de tomar el mando, porque disponía de la fuerza y había encabezado la rebelión: Ramón Freire. Militar joven, de 35 años de edad, que había prestado servicios en las campañas de la independencia. Pero con un defecto importante: no poseía condiciones de estadista. Tomó como primer ministro a Mariano Egaña, y se asesoró del Senado Conservador.

Entre sus intenciones, se cuenta el tratar de  abolir los títulos honoríficos a los individuos tales como los de "excelentísimo" o "ilustrísimo señor", y además, aquella Legión de Mérito creada por O'Higgins. Trató también de abolir la pena de azotes, más que corregir, dañaba en su moral y anatomía a los reos. Sin embargo, una reforma consiguió, aunque con no pocos obstáculos: fue la abolición definitiva de la esclavitud. Se recordará que el primer Congreso chileno había abolido, en 1811, esta desgraciada institución, pero que tal medida no había de tener efecto sino para los hijos de esclavos nacidos en Chile y para las personas que en esa condición llegaran al país. Esta vez una resolución del Senado, sancionada por el Ejecutivo, la hizo efectiva para todos los esclavos que aún había en Chile (1823).

A mediados del año 23, hubo elecciones generales. Participaron en ella los dos bandos que existían. Por un lado el pelucón, compuesto por la aristocracia, el clero y algunos elementos modestos, sin diferenciarse en conservadores, liberales, aristócratas o estanqueros. El otro equipo, el de los pipiolos, estaba compuesto por quienes se habían disociado de la aristocracia y otros de ideas heterogéneas.

El 13 de agosto de 1823, juraron los integrantes del nuevo Congreso.

Freire renunció a su cargo interino y se mudó a Rancagua, dejando la administración de la nación en poder de sus ministros. El Congreso dio como solución la designación de Freire como Director Supremo en propiedad, no interino, siendo elegido por unanimidad el 18 de agosto.

En el plano educacional se intentó reformar el plan de estudios del Instituto Nacional, incorporando a las artes y oficios manuales; se creó una Junta de Educación, para que tuviera a su cargo la vigilancia y dirección de este servicio y propusiera al Gobierno los adelantos que creyese oportunos, y se fundó una especie de institución universitaria, destinada al cultivo y difusión de las ciencias, con el nombre de Academia Chilena. Tampoco estas iniciativas prosperaron y sólo subsistieron en calidad de aspiraciones.

La Constitución moralista de 1823

El Congreso Nacional sancionó, pese a la desconfianza de Freire en dicho cuerpo legal, la Constitución republicana, promulgándose ésta a fines de 1823, por lo cual este cuarto ensayo de código fundamental (los otros databan de 1812, 1818 y 1822) lleva el nombre de Constitución del año 23.

Fue redactado por Juan Egaña. Estableció los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; un Director Supremo que ejercía el primero. Un Congreso, el cual residía en dos cámaras, una de senadores, que funcionaba permanentemente, y una de diputados, que no funcionaba sino previa convocatoria especial. Pero lo especial de esta Constitución era que intentaba reglamentar la vida privada, lo mismo que la vida pública. De allí que se le denomine también Constitución moralista. No duró más que medio año.

La Crisis Financiera

El problema más grave de esta administración, era el estado de la economía como consecuencia de un descenso en la producción del país y un aumento en los gastos fiscales. Además, el crédito contratado antes en Londres, y cuyos intereses eran sumamente crecidos, impuso al gobierno preocupaciones muy serias, porque debiendo invertirse en obras de beneficio general, casi todo se había dedicado a salvar compromisos urgentes que no tenían ese carácter. Entre las muchas medidas para hacer frente a esa situación, figuró como más importante la entrega a un concesionario particular del estanco del tabaco y de otras especies (naipes, té y licores extranjeros), bajo la condición de pagar los dividendos del empréstito.

El monopolio de esos artículos, que antes tenía el Estado, pasó a ser ahora (1824) el privilegio de una sociedad mercantil que giraba bajo la razón social de Portales, Cea y Cía. y de la cual era gerente el comerciante Diego Portales, que pronto iba a adquirir gran notoriedad. Este arreglo no duró, sin embargo, más que dos años. La empresa no hizo negocio, no pudo cumplir sus compromisos en cuanto al empréstito y hubo de quitársele el monopolio para devolverlo al Estado.

Otro hecho importante fue la confiscación de los bienes del clero regular, al que se agregó una reforma completa de sus constituciones. Esas medidas provocaron el rompimiento brusco de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, rompimiento que se venía diseñando desde los últimos años del Gobierno de O'Higgins. Este hecho hizo que las relaciones derivaran en el  envío de un emisario a Roma para que se entendiera personalmente con Su Santidad. Se recordará que se encargó de esta misión el presbítero José Ignacio Cienfuegos.

No obstante los inconvenientes que allá se le opusieron, porque el Papa se negaba a  reconocer la soberanía de las nuevas repúblicas, Cienfuegos consiguió que se mandara a Chile una misión apostólica, con el especial propósito de normalizar la situación religiosa del país. Fue designado por el Pontífice para el desempeño de esta misión el vicario Juan Muzi, quien llegó a Chile en 1824. Aquí estaba él cuando se dictaron las mencionadas disposiciones sobre la reforma e incautación de bienes del clero.

La Incorporación de Chiloé

Un punto importante e indispensable era completar la dominación nacional con la incorporación del archipiélago de Chiloé al territorio chileno.

Rey fernando VII.

Cuando Freire fue elevado al poder, todavía sustentaba allí la bandera española el general Antonio Quintanilla. El Director, que antes de todo era militar, dirigió dos campañas sobre la isla grande del archipiélago: las batallas de Pudeto y Bellavista, en la última de las cuales triunfó sobre el jefe realista y quedó izada para siempre la bandera de Chile en las fortificaciones del puerto de Ancud. Con la firma del tratado de Tantauco, el gobierno de España reconoció la incorporación definitiva de Chiloé al territorio nacional.

Con la toma de Chiloé, la larga lucha por obtener la independencia llegaba a un término final irrevocable, y ello no solamente en Chile, sino en todas las colonias de España en América, a excepción de Cuba y Puerto Rico.

No obstante, el rey Fernando VII seguía manteniéndose en actitud hostil contra los nuevos estados y negándose a reconocerles su soberanía.

En tanto, el Presidente de los Estados Unidos, Monroe, quien había reconocido la soberanía de las nuevas repúblicas, formuló en 1823, con motivo de aquella presunta intromisión, la celebre teoría internacional que se conoce con el nombre de doctrina Monroe, según la cual su Gobierno sostenía que “el continente americano no debía considerarse en lo sucesivo como campo de colonización para las potencias europeas" y que, en cuanto a las nuevas naciones constituidas en el, "no podía mirar sino como disposición hostil para los Estados Unidos cualquier intervención de alguna de esas potencias que tuviera por objetivo oprimirlas o contrariar de cualquier modo sus destinos".

La teoría,  “América para los americanos”, causó gran alarma en Europa, menos en Inglaterra, que estaba de acuerdo con los Estados Unidos para reconocer por su parte las repúblicas americanas, como efectivamente reconoció algunas –aunque no Chile entre ellas– en 1825.

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